José Carlos Villena, director de Financiación al Desarrollo de COFIDES.
Uno de los retos más complejos en la movilización de recursos para el desarrollo es lograr una sinergia efectiva entre los conceptos de adicionalidad, viabilidad y rentabilidad. La capacidad de las instituciones financieras de desarrollo (IFD) para generar valor más allá de lo que se alcanzaría con la financiación convencional es clave para impulsar proyectos estratégicos en sectores con altos niveles de riesgo o incertidumbre.
La adicionalidad implica que la inversión debe actuar como un catalizador para el desarrollo, permitiendo la realización de proyectos que de otro modo quedarían desatendidos por el sector privado. Esto significa que no solo se deben aportar recursos financieros, sino también generar un impacto estructural que motive la participación de otros actores y fomente condiciones favorables para futuras inversiones. La adicionalidad puede manifestarse a través de la creación de mercados, el fortalecimiento de capacidades locales o la mitigación de riesgos que inhiben la participación del sector privado.
Por su parte, la viabilidad es un criterio fundamental que garantiza que los proyectos financiados sean factibles en términos técnicos, económicos, sociales y ambientales. Este análisis debe considerar una evaluación exhaustiva de costos, riesgos y beneficios potenciales para asegurar que cada inversión tenga bases sólidas y contribuya a un desarrollo sostenible. Un proyecto viable no solo debe cumplir con los requisitos operativos y financieros, sino también demostrar su capacidad de generar un impacto positivo a largo plazo en las comunidades donde se implementa.
La rentabilidad en este contexto adquiere una doble dimensión. Por un lado, se encuentra la rentabilidad financiera, que debe ser lo suficientemente atractiva para incentivar la participación del sector privado. Sin retornos adecuados, el capital privado no se verá motivado a invertir en proyectos que impliquen riesgos elevados o retornos inciertos. Por otro lado, está la rentabilidad social y ambiental, la cual se enfoca en garantizar que las inversiones no solo sean viables desde una perspectiva económica, sino que también contribuyan a la mejora de la calidad de vida y a la preservación del medio ambiente. Este equilibrio entre rentabilidad financiera y rentabilidad social es esencial para lograr un impacto positivo y sostenible.
La interconexión entre adicionalidad, viabilidad y rentabilidad es clave para diseñar instrumentos financieros eficaces. En este sentido, el uso de mecanismos de riesgo compartido o blended finance, son herramientas claves para reducir la exposición al riesgo y atraer capital privado. La implementación de estos mecanismos fortalece la capacidad de movilizar recursos en sectores estratégicos y amplifica el impacto de la inversión, creando oportunidades de crecimiento y estabilidad a largo plazo. Buen ejemplo de ello es el Fondo Kuali que, utilizando una estructura de blended finance que ha implicado al Fondo Verde, a FONPRODE y a la Unión Europea, todos ellos movilizados por COFIDES, ha conseguido atraer tanto a inversores privados como institucionales y particulares.
El papel de los inversores privados es fundamental en estos esquemas de financiación combinada. Su capacidad para ampliar la escala de las inversiones y complementar los recursos públicos permite transformar proyectos que inicialmente parecen inviables en iniciativas sostenibles y rentables. Su movilización debe ser siempre uno de los objetivos de la actuación de las instituciones financieras de desarrollo.
*Esta publicación forma parte del Informe anual integrado 2024 de COFIDES.
