José Luis Curbelo, Presidente y CEO de COFIDES.

Madrid, 22 de abril de 2020.

Hay preocupación generalizada acerca de la evolución de la estructura productiva nacional una vez se hagan realidad las consecuencias de las diferentes crisis que se derivarán de la pandemia por COVID-19. La mayoría de los sectores productivos saldrán debilitados y muchas empresas y autónomos sentirán durante un tiempo prolongado la espada de Damocles de una demanda timorata, liquidez escasa que obligará a un alto endeudamiento y eventuales cambios en los mercados. Conscientes de ello, los gobiernos, la UE y las instituciones multilaterales están abandonando normas hasta ahora sacrosantas de disciplina fiscal y toman medidas con costes presupuestarios enormes buscando fortalecer los sistemas de salud y amortiguar la inmediatez y crudeza de los impactos en empresas y familias. Las empresas y autónomos están recibiendo liquidez a través de líneas de avales del Estado para, además de salvaguardar los confinamientos obligatorios, reducir los cierres inmediatos de empresas, pero estas necesarias medidas de corto plazo son insuficientes para recuperar la robustez previa a la crisis.

Este artículo realiza una propuesta para dotar al sistema empresarial español de instrumentos financieros de medio y largo plazo que permitan la sobrevivencia competitiva de un buen número de empresas, y las acompañe a lo largo de un período de cambios estructurales profundos en el que probablemente se altere la geografía de las cadenas globales de proveedores y se reconfiguren las reglas del comercio e inversión internacionales. Por otra parte, la provisión eficiente de bienes públicos globales, desde el combate contra las enfermedades y el cambio climático a la regulación de las migraciones, llaman a evitar soluciones ensimismadas ante retos compartidos.

Se inician tiempos en los que, como siempre en la historia posterior a las grandes crisis, se redefinirá la geografía económica. La economía española no debe permitirse en los años futuros el debilitamiento o la desaparición sobrevenida de una parte importante de su tejido productivo. Elementos tan determinantes de la competitividad como los inputs de gestión, la posición innovadora o las redes internacionales no deben doblegarse como consecuencia de fluctuaciones exógenas de liquidez, valoraciones patrimoniales coyunturales u otras causas ajenas a estrategias corporativas. En este sentido, para reforzar sosteniblemente el tejido empresarial hay que canalizar recursos de largo plazo que apoyen la solvencia estructural de las empresas; tanto de las de mayor tamaño, generalmente competitivas en los mercados globales, con funciones tractoras indudables y responsables en gran medida de la balanza exterior española, como, especialmente, de la miríada de empresas menores, generadoras de la mayor parte del empleo, que en años recientes realizaron un importante esfuerzo innovador y están competitivamente insertadas en redes de proveedores muy sofisticadas.

En el escenario de recuperación posterior al actual parón económico, las empresas, incluso si tienen modelos de negocio viables, no podrán apoyar su necesario crecimiento corporativo en su capacidad de endeudamiento. En este sentido, parece aconsejable una política pública que, con carácter transitorio, aporte a las empresas financiación reembolsable y paciente a largo plazo con carácter “junior”, que facilite el flujo de crédito bancario. Esta política podría instrumentarse a través de inversiones públicas con carácter subordinado e incluso, minoritariamente, en los recursos propios de las empresas (sin asumir la gestión del día a día). Para ello, al igual que están haciendo Francia, Alemania e Italia, sería oportuno crear un Fondo para la Recuperación que apoye estratégicamente la solvencia de las empresas.

El referido Fondo: (1) Tendría que estar suficientemente dotado financieramente y debiera movilizar recursos de la UE. (2) Operaría a través de dos ventanillas, una centrada en la PYME y otra en las empresas de mayor tamaño. (3) Se basaría en la compartición temporal del riesgo entre los sectores privado y público sin ser una subvención a las empresas. (4) La rentabilidad/interés de las inversiones estaría ligada al riesgo asumido y al desempeño de las compañías. (5) No debiera pensarse como un tenedor de activos, sino como un elemento esencial de una novedosa política industrial, que impulse tanto los sectores ligados a la sostenibilidad, la digitalización o la vida, como aquellos que ejerzan capacidad tractora. (6) Administrado por una Gestora pública, dotada de recursos técnicos para analizar y estructurar ágilmente operaciones complejas y con capacidad para seguir las operaciones hasta la desinversión. (7) Debe alejar cualquier sombra de duda sobre la gestión de los recursos públicos. (8) No sustituirá a los gestores de las empresas, quienes habrán de suscribir los compromisos de la Agenda 2030 y atenerse a las buenas prácticas de responsabilidad laboral y socioambiental.

* Artículo de opinión publicado originalmente en el diario Expansión, el 22 de abril de 2020.