Jose Luis Curbelo y Rafael Matos, Presidente ejecutivo y director de Sostenibilidad e Impacto de COFIDES

Para fruición de negacionistas y otros actores interesados que abogan por la postergación de las acciones que luchan contra el cambio climático y sus efectos, podría parecer que la vigencia de la emergencia climática y el reto de la sostenibilidad están quedando relegados a un segundo plano en el contexto geopolítico actual. Un contexto en el que convergen con dramática intensidad crisis diversas como la guerra en Ucrania y el despertar de otros conflictos hasta ahora más o menos larvados, tasas raquíticas de crecimiento global, alta inflación motivada en gran parte por las turbulencias en los mercados energéticos, lacerantes y crecientes desigualdades o el ocaso del multilateralismo. No obstante, siendo los referidos asuntos muy relevantes en el corto y medio plazo, los retos climáticos se proyectan más allá de la generación actual e ignoran tanto nuestras angustias inmediatas como los límites de las fronteras nacionales de los países desarrollados y del sur-global.

El cambio climático y sus efectos suponen un reto global que hay que enfrentar desde dos vertientes complementarias. Por un lado, con acciones de 'mitigación' que aceleren la transición hacia fuentes de energía con menores emisiones de gases de efecto invernadero e idealmente más seguros en su abastecimiento; y por otro, con acciones de 'adaptación' de las diferentes economías y grupos sociales -independientemente de su ubicación, riqueza o nivel de desarrollo- a los efectos destructivos del cambio climático tales como sequías, incendios, inundaciones, destrucción de cosechas, hambrunas, migraciones, deforestación o pérdida de biodiversidad.  

Ambas acciones requieren una movilización cuantiosa de recursos financieros públicos y privados. Según Climate Policy Initiative, las necesidades de financiación climática a nivel global se sitúan en los 4,5 billones de dólares anuales, la mayor parte en economías en desarrollo. Por una elemental cuestión de equidad y justicia climática, el mayor esfuerzo de financiación no debe recaer en los países emergentes (responsables conjuntamente de apenas el 14% del total de emisiones) sino en los principales emisores globales. Aquellos no sólo no son responsables del calentamiento que históricamente benefició a los países desarrollados, sino que necesitan simultáneamente procurar un modelo energético confiable que no cercene sus necesidades de crecimiento y adaptar y construir sus infraestructuras para paliar los devastadores efectos del cambio climático. Los países de la OCDE junto con China, India y Rusia son en la actualidad responsables de casi el 65% del total de emisiones.

La Agenda de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París siguen siendo las hojas de ruta generalmente aceptadas a nivel multilateral para conseguir en 2050 la descarbonización plena de las economías desarrolladas y mitigar los riesgos derivados del cambio climático. Alineados con estos compromisos, la UE ha avanzado el Pacto Verde Europeo para que Europa sea el primer continente climáticamente neutro del mundo, al tiempo que el Reglamento de Taxonomía y las Directivas de Divulgación están logrando que el sector financiero se implique activamente en la agenda. En España, además de con un amplio consenso social y el decidido impulso político en materia de sostenibilidad, se cuenta con un plan sólido en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de mayo de 2021.

El Fondo Monetario Internacional y otras instituciones financieras internacionales, multilaterales y bilaterales, así como la evolución de la regulación financiera y prudencial que emana de los principales bancos centrales, están permeando de forma paulatina en el comportamiento inversor de las entidades privadas de crédito, los fondos soberanos, las aseguradoras o las gestoras de fondos institucionales. Está cada vez más consolidado entre los gestores de activos el convencimiento de que las carteras 'limpias' gozan de mejores valoraciones en los mercados que aquellas que no lo son. Son muchas las empresas que están avanzando planes estratégicos a largo plazo con objetivos explícitos en materia de acción climática y sostenibilidad, que no sólo se constituyen en una poderosa señal a clientes y mercados, sino que son cada vez más relevantes para movilizar, por ejemplo, a través de emisiones de 'bonos verdes', financiación en los mercados de capitales. En este sentido, se está avanzando en la definición de métricas y estándares compartidos que permitan el cálculo y comparabilidad de las huellas de carbono de las inversiones y de las carteras.

Si bien aún son pocas en términos relativos, están proliferando iniciativas llevadas a cabo por los llamados 'inversores de impacto', que vinculan los flujos de financiación con el logro de hitos ligados a objetivos de desarrollo sostenible. Algunas instituciones financieras están estableciendo programas de bonificación del precio de la financiación de las inversiones en función al cumplimiento de determinados hitos, con lo que apoyan a las empresas en sus esfuerzos para integrar la gestión social y ambiental de sus proyectos, y por tanto cambiar su modelo de gestión y negocio hacia un mayor énfasis en la sostenibilidad y el impacto. En el ámbito de la financiación del desarrollo hay programas que añaden esquemas de cofinanciación de asistencia técnica para favorecer que las empresas avancen en la consecución de los objetivos.

Alineadas con las anteriores ambiciones y con el objetivo de llegar al cero-neto antes de 2050, las instituciones financieras públicas no sólo se deben posicionar contra el tan frecuente green washing, que busca pasar por verdes o sostenibles actuaciones que no lo son, sino que deben aspirar a ser actores de referencia en el ámbito de la financiación climática y contribuir al logro de los objetivos de una transición justa. En este sentido, facilitar el acceso a la financiación de todas aquellas inversiones que aceleren la descarbonización, es fundamental para materializar los ambiciosos compromisos de financiación climática internacional recién adquiridos por el Gobierno de España en la COP27 celebrada Sharm el-Sheij.

*Este artículo fue publicado en Cinco Días el 12 de noviembre de 2022.